El objetivo principal de la estrategia Familias Sostenibles es contribuir a la erradicación de la pobreza hacia el 2030, especialmente la pobreza extrema, a través de la protección social, el desarrollo de capacidades y mejora del ingreso en familias en condición de pobreza, de los 262 municipios del país.

El gobierno de El Salvador reconoce la necesidad de establecer políticas que permitan desarrollar un modelo de crecimiento con inclusión, que atienda las demandas históricas de la población y que lleve al establecimiento de un modelo de desarrollo equitativo, que contribuya a la disminución de las brechas de desigualdad, partiendo del compromiso del Estado, establecido en la Ley de Desarrollo y Protección Social (LDPS), aprobada en el 2014.

El Decreto Ejecutivo Nº 28 publicado en el Diario Oficial Nº 106, Tomo Nº 415 de fecha 9 de junio de 2017, establece en su Art. 1.- Créase la “Estrategia de Erradicación de la Pobreza”, la cual tendrá por objeto contribuir a la erradicación de la pobreza en los 262 municipios, especialmente la pobreza extrema, de manera progresiva. La Estrategia es un instrumento de la política social del gobierno, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Desarrollo y Protección Social y consiste en un conjunto de acciones y recursos dirigidos a la población en condición de pobreza, ubicada en los estratos del 1 al 7, identificados por el Registro Único de Participantes (RUP), caracterizados por presentar mayores carencias en los ámbitos de educación, salud, vivienda y servicios básicos.

Los objetivos específicos de la estrategia son: 

1. Propiciar la generación de habilidades en la persona y la familia para la identificación y desarrollo de un proyecto de vida; que transforme su realidad y su entorno social, aprovechando sus recursos y el acceso a la oferta de servicios del gobierno, así como la generación de espacios de construcción de nuestro buen vivir, la cohesión social, y cultura de paz a nivel comunitario.
2. Contribuir a mejorar la autonomía económica de las familias a través del fortalecimiento de capacidades humanas y sociales para acceder a un empleo digno, el establecimiento de emprendimientos principalmente asociativos, para el fortalecimiento del tejido productivo y del desarrollo local.
3. Garantizar un ingreso que permita mantener niveles mínimos de bienestar para el desarrollo de las personas y posibilitar el acceso a servicios sociales (principalmente, salud, alimentación y educación) y de promoción, que permitan romper el círculo intergeneracional de la pobreza y ejercer sus derechos sociales fundamentales.
4. Promover un consumo responsable e introducir la cultura de ahorro, como mecanismos para disminuir la vulnerabilidad de las familias ante eventos imprevistos.
5. Mejorar condiciones de infraestructura social, con especial énfasis en agua potable y saneamiento básico, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda y de infraestructura de salud y educación, intentando dar respuesta a las necesidades especiales de cada familia en pobreza.

La Estrategia inició implementándose en los 30 municipios con más carencias a nivel de pobreza multidimensional, añadiendo 30 por año de forma progresiva hasta completar los 262 municipios del país. La meta final fue atender a 400,000 familias de los estratos del 1 al 7 de pobreza según el RUP, en el transcurso de 15 años a partir del primero de su implementación. Para la inclusión de los municipios, cada año debía considerarse los recursos humanos y financieros necesarios para implementar cada fase y así evaluar la factibilidad financiera de acuerdo a la disponibilidad fiscal. El monto presupuestado asignado a Comunidades Solidarias a través del FISDL para el año 2018 fue de US$ 53,651,260.00. Los fondos para la estrategia provienen del Gobierno de El Salvador, Unión Europea y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Para este programa, se generaron 5 procesos formativos en los siguientes municipios:

Este y los demás procesos formativos, se desarrollaron por medio de cinco módulos, con los cuales se capacitó a la población en los temas de democracia, políticas públicas, manejo de consultas con actores públicos, conocimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social de El Salvador, ficha técnica de los programas sujetos de contraloría por parte del proyecto, una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) internas del grupo , así como el FODA externo que se aplica a su entorno, entre otros. Los módulos se desarrollaron en 8 jornadas de ocho horas cada una. En la quinta o sexta jornada se conformaban los equipos o grupos de contraloría; para ello se tomaba como base la empatía y afinidad de las personas que participaban en el diplomado. En promedio cada grupo de contraloría se conformaba con cinco o más personas, obteniendo de cuatro a cinco grupos de contraloría en cada diplomado. Los cuales posterior a un proceso de fortalecimiento de capacidades por medio de la metodología “Aprender-Haciendo”, realizaron la recolección de la información por medio de encuestas a funcionarios públicos involucrados en cada uno de los programas sociales sujetos de contraloría y a la población usuaria de los mismos.

Población participante de los diplomados